Usurpación agravada: Delcy Rodríguez desafía la Constitución y prolonga el fraude en Venezuela
El poder ilegal que no quieren reconocer
El 10 de enero de 2025 fue consumada la usurpación en Venezuela cuando Nicolás Maduro ignoró la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 y se juramentó para un tercer mandato ilegítimo.
Desde entonces, el control del régimen se ha basado en fraude, violencia y corrupción, instaurando un terrorismo de Estado para silenciar a la sociedad. Pero la historia dio un giro que no cuentan: desde el 3 de enero de 2026, Maduro está detenido en Nueva York, lo que significa una ausencia definitiva e indiscutible del presidente.
¿Quién gobierna entonces?
Delcy Rodríguez ocupa Miraflores sin ningún sustento constitucional. Esta usurpación agravada se mantiene con la complicidad evidente de la Asamblea Nacional y sus líderes, especialmente de Jorge Rodríguez, que evitan debatir un tema central: la ausencia prolongada del presidente y la llamada a elecciones que la Constitución exige.
La Asamblea no solo incumple con sus deberes, sino que contribuye a legitimar un régimen sin legitimidad alguna, violentando el mandato democrático que establece que la soberanía reside en el pueblo y que el gobierno debe ser electivo y alternativo.
¿Qué consecuencias trae esta omisión?
- Prolongación indefinida de una usurpación ilegal y antidemocrática.
- Violación sistemática de la Constitución sin reparos legales.
- Un posible plan para reformar la Carta Magna y alargar mandatos hasta 2030.
- Socavamiento de cualquier posibilidad real de restablecer la democracia y la soberanía popular.
¿Qué debería pasar ahora?
La Sala Constitucional está obligada a declarar la falta absoluta de Maduro y convocar elecciones presidenciales. No puede ignorar los principios fundamentales que rigen el Estado de derecho ni convertirse en cómplice de la continuidad fraudulenta en el poder.
Mientras tanto, la responsabilidad histórica recae en quienes guardan silencio, avalan esta situación o pretenden normalizar lo anormal. La usurpación agravada y prolongada debe terminar. La resistencia y el reclamo firme por la constitucionalidad no pueden cesar hasta restaurar la democracia en Venezuela.