¿Sabe Trump que compra oro manchado de violencia y destrucción en Venezuela?
El oro venezolano: una bomba de tiempo social y ambiental que pocos conocen
El 26 de febrero de 2016, Venezuela abrió las puertas a una catástrofe: el Arco Minero del Orinoco, una zona de 11,2 millones de hectáreas donde la minería ilegal y depredadora ha prosperado sin control, bajo la excusa de un desarrollo “minero-ecológico” falso.
La historia minera del país nunca fue inocente, pero desde 2004 la situación escaló a niveles insostenibles. Créditos y maquinaria para minería artesanal se tradujeron en destrucción masiva: ríos contaminados, selvas arrasadas y miles de hectáreas devastadas. Más de 77.800 hectáreas mineras detectadas solo en 2024 entre Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro revelan el tamaño del daño.
El oro que compra Trump: ¿limpio o manchado de sangre?
Para colmo, las zonas mineras están dominadas por grupos armados irregulares que operan con violencia extrema, equiparable a carteles de droga. Decapitaciones, amputaciones y crímenes atroces son moneda corriente. ¿Sabía Estados Unidos que al comprar ese oro apoya directa o indirectamente ese caos?
El gobierno venezolano ni siquiera controla la minería ilegal ni cumple leyes que prohíben el uso de mercurio tóxico. Baterías de molinos usando mercurio operan a cielo abierto, contaminando aún más la región, violando el Decreto 2.412 de 2016 sin respuestas claras de las autoridades.
Lo que nadie dice sobre la reciente ley minera
Tras el anuncio de compra inmediata de oro venezolano por 100 millones de dólares y la visita del secretario del Interior Doug Burgum, apareció una nueva ley minera en proceso poco transparente. Sin consulta pública ni acceso oficial, circulan versiones opacas que mantienen la minería como prioridad sobre derechos elementales y el ambiente.
Se insiste en la idea errónea de minería “ecológica” y desatienden advertencias sobre problemas sociales y ambientales críticos. La propiedad privada queda en riesgo y el mercurio sigue sin prohibirse formalmente. El statu quo continúa.
¿Y ahora? La minería no se detendrá sola
Derogar el decreto del Arco Minero sería un paso. Pero sin planes sólidos para sustituir la actividad ilegal que involucra a unas 300.000 personas, nada cambiará. Agropecuaria, proyectos forestales, ecoturismo y bonos de carbono suenan en el discurso, pero faltan acciones concretas.
La pregunta clave es cómo responderán las autoridades venezolanas y sus socios internacionales ante esta explosiva realidad, mucho más grave que la crisis petrolera. La minería ilegal en Venezuela es una amenaza directa a la seguridad, la legalidad y el futuro del país. ¿Hasta cuándo seguirá la complacencia con un negocio que financia violencia y destruye la naturaleza?