Gobierno implementa conmocionante giro en política criminal
La presidenta encargada Delcy Rodríguez deja claro que la Ley de Amnistía, lejos de ser un mero acto de reconciliación, está sirviendo para liberar decenas de presos políticos y procesados sensibles al oficialismo.
¿Qué pasó realmente?
Desde su promulgación en febrero, la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática ha impulsado un proceso masivo de excarcelaciones bajo criterios estrictamente humanitarios: adultos mayores, mujeres embarazadas, menores y enfermos crónicos son ahora la prioridad. Pero entre los beneficiarios hay personajes asociados a procesos polémicos, como ex funcionarios de seguridad y acusados en casos de alta sensibilidad política.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Lo que se presenta como un gesto humanitario en realidad altera el sistema de justicia y envía una señal política clara: ciertas figuras serán protegidas y liberadas, cuestionando la independencia judicial y consolidando una agenda oficialista que busca controlar la memoria legal y social en Venezuela.
¿Qué viene después?
El gobierno podría acelerar aún más estas liberaciones, lo que tensiona aún más las instituciones y genera interrogantes sobre las consecuencias en la seguridad jurídica y el orden público. Esta estrategia ofrece un amparo selectivo que puede debilitar la verdadera justicia en el país.