La Ley de Hidrocarburos aprobada por el interinato shoquea con la Constitución
Carlos Mendoza Potellá, uno de los mayores expertos en petróleo y geopolítica venezolana, denuncia que la reciente legislación petrolera no sólo bloquea inversiones, sino que es abiertamente inconstitucional. Esta ley, diseñada bajo una transición política ilegítima, viola artículos fundamentales y excluye a la Procuraduría nacional de decidir en controversias entre empresas y el Ejecutivo.
¿Un marco legal para atraer inversión o una trampa para el país?
El reglamento que complementa la ley, lejos de fortalecer, presenta una debilidad estructural que deja en manos de las compañías extranjeras el poder de modificar contratos cuando la rentabilidad no les conviene. Un diseño que genera inseguridad jurídica y más discrecionalidad, justo cuando se reclama lo contrario.
¿Por qué esto cambia el panorama petrolero?
El contexto internacional es clave. Expertos señalan que la oposición venezolana está demasiado blanda, apostando a negociaciones que favorecen a las transnacionales sin exigir garantías claras. Mientras tanto, sectores políticos parecen resignados a pérdidas fiscales, esperando que la producción suba a 3 millones de barriles diarios para incrementar ingresos brutos, sin importar el costo constitucional ni las consecuencias a largo plazo.
El retroceso legal y los pozos abandonados
Mendoza Potellá alerta que esta normativa es un retroceso de casi un siglo respecto a leyes anteriores que protegían mejor los intereses nacionales. En medio de esto, 17.000 pozos petroleros convencionales están cerrados, abandonados a pesar de ser potencialmente rentables, porque la atención se centra en la Faja del Orinoco, una “desgracia” para el país por su baja producción y alta dependencia de costosos diluyentes para hacer el crudo vendible.
¿Qué puede venir después?
Con una ley inconstitucional y un reglamento que amplifica su debilidad, los riesgos son claros: más inseguridad jurídica, menos inversión real y un abandono continuo de los campos convencionales que podrían sostener la producción deseada. Además, la política de Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, aprovecha la situación para controlar recursos venezolanos a través de licencias a empresas extranjeras, relegando la soberanía energética.
El futuro inmediato del petróleo venezolano depende de enfrentar estas debilidades legales y políticas, o seguir perdiendo reservas valiosas a favor de intereses extranjeros que ya toman ventaja bajo reglas diseñadas en el interinato.