Gobierno impone atención psicológica tras sismos: ¿solución real o parche político?
Atención psicológica tras sismos: más que ayuda, un mensaje político
Los recientes terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud sacudieron varias regiones, y la respuesta oficial ya está en marcha: atención psicológica puerta a puerta y comisiones técnicas para salud mental.
Qué ocurrió
En Yaracuy, Veroes y San Felipe, afectados reciben asistencia de salud y alimentos directamente en sus hogares. En Miranda, el Hospital General de los Valles del Tuy activó unidad 24/7 para la atención psicológica, en alianza con la Universidad Politécnica Territorial, buscando manejar crisis y ansiedad en la población afectada de Caracas, La Guaira y zonas aledañas.
Paralelamente, en Lara se creó una Comisión Transitoria para redactar el reglamento de la Ley de Protección de Salud Mental Comunitaria. La excusa oficial: frenar la alza de suicidios. Pero esta nueva infraestructura apunta más a legitimar una narrativa de emergencia social que a resolver las causas estructurales.
Por qué esto cambia el escenario
La asistencia psicológica y la creación de comisiones parecen elogiables a primera vista. Sin embargo, evidencian la incapacidad del Estado para prever y contener daños desde la raíz: infraestructuras vulnerables, ausencia de planes reales de contingencia, y políticas públicas que no priorizan la seguridad ni el bienestar tangible.
Lo que estamos viendo es un uso instrumental de la salud mental como un disfraz para cubrir fallas en áreas críticas como vivienda, seguridad y protección civil. Mientras se despliegan asistentes y se elaboran reglamentos, familias continúan en situación precaria esperando soluciones integrales.
Qué podría venir después
Si el enfoque se mantiene en la atención reactiva y las comisiones técnicas sin una revisión profunda, las consecuencias serán pésimas: recursos desviados para resolver síntomas, sin tocar causas estructurales.
El verdadero desafío será exigir políticas públicas que garanticen protección efectiva, reconstrucción con estándares seguros y un sistema robusto para gestionar emergencias; no solo paliativos psicológicos que buscan transmitir gestión donde no hay respuestas reales.
¿Estamos frente a una nueva fachada política o a un cambio real en cómo se gestionan crisis en el país?