Ecuador despliega 13.000 militares para enfrentar crisis criminal inédita
Imponen 13.000 militares en regiones clave: Ecuador eleva la apuesta contra el crimen
Este jueves, Ecuador movilizó 13.000 efectivos militares hacia las provincias con mayor violencia del país: Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Esta acción busca frenar el poder de las mafias del narcotráfico en corredores estratégicos de drogas hacia Europa y Norteamérica.
¿Por qué este despliegue cambia las reglas del juego?
El presidente Daniel Noboa firmó un nuevo decreto de estado de excepción, que abarca casi la mitad del territorio nacional. Este decreto abre la puerta a que tropas extranjeras operen con inmunidad jurídica, una cláusula inédita que cambia las fronteras de la soberanía nacional bajo el argumento de la «guerra total» contra el crimen organizado.
Además, el Ejecutivo ofrece indultos y rebajas de pena a militares, policías y civiles que participen en estas operaciones, borrando líneas legales tradicionales y poniendo en pie de guerra la seguridad interna.
Qué significa afectar la seguridad y legalidad en Ecuador
- Guayas, epicentro con más de 1.500 homicidios solo hasta mayo, recibirá 6.000 soldados para controlar las ciudades más violentas.
- Patrullajes terrestres y fluviales se intensificarán, con mayor control sobre armamento y ataques tácticos contra grupos armados.
- Hasta ahora, la cooperación internacional es solo técnica, pero la puerta está abierta a tropas extranjeras en misiones conjuntas, algo nunca visto en la región.
- A pesar de los estados de excepción previos, el año pasado cerró con un récord de 9.281 asesinatos, consolidando a Ecuador como uno de los lugares más peligrosos de América Latina.
¿Qué se viene después?
El aumento de fuerzas y privilegios legales para actuar contra el crimen organizado puede endurecer el control territorial y disminuir muertes violentas a mediano plazo.
Sin embargo, abrir el país a tropas extranjeras bajo inmunidad y otorgar beneficios legales a los actores estatales y civiles en estas acciones puede debilitar el estado de derecho y provocar tensiones políticas y sociales profundas.
Este nuevo escenario expone un quiebre institucional: proteger a la población o comprometer la soberanía y legalidad para ganar en seguridad.