Ejecutivo declara el fin de la amnistía sin respaldo legal
Delcy Rodríguez anunció el «fin» de la Ley de Amnistía, apenas dos meses después de su aprobación, mientras 473 presos políticos siguen detenidos. La norma, que no establece caducidad, no puede ser anulada por decreto ejecutivo.
ONG alertan sobre violación flagrante de la Constitución
Organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia califican la medida como arbitraria e inconstitucional. La anulación solo puede ocurrir mediante el Parlamento o el Tribunal Supremo, pero el gobierno se salta estos pasos.
Este choque de poderes pone en riesgo la separación institucional y la estabilidad jurídica. La llamada «presidenta encargada» impone una agenda que desmantela normas vigentes sin debate ni respaldo legal.
Qué está en juego
- Seguridad jurídica: dejar en la indefinición la amnistía crea incertidumbre para presos y tribunales.
- Legalidad: el Ejecutivo asume competencias que no le corresponden, debilitando las instituciones.
- Justicia: el atropello a la ley envía una señal peligrosa a jueces y funcionarios.
El futuro inmediato
Este paso abre la puerta a una escalada de conflictos institucionales que complican la convivencia y la paz anunciadas desde el poder. La continuidad de la tensión legal y política es inevitable mientras el gobierno siga ignorando los marcos legales que ordenan el país.