Muerto en el sismo tras deportación: ¿quién responde por los venezolanos retenidos?
Un caso que destapa graves fallas en la gestión de deportados
Daniel Alejandro Núñez, venezolano deportado de Estados Unidos y retenido por el Sebin en el hotel Negra Hipólita, murió en el sismo del 24 de junio. Su madre denuncia que nunca le avisaron que estaba en Venezuela ni que estaba detenido. Este silencio y descontrol expone el vacío legal y la falta de transparencia del plan “Vuelta a la Patria”.
Qué ocurrió
Daniel llegó en el vuelo 164 desde EEUU y fue retenido en un hotel que funciona como centro de detención bajo control del Sebin, sin información oficial para sus familiares. Doce días después del terremoto que colapsó las instalaciones, el número exacto de fallecidos sigue sin ser comunicado.
Oswadeliz Núñez, madre de Daniel, recibió una breve llamada cuando su hijo había aterrizado, pero luego fue ignorada. Detectó la tragedia cuando supo que su hijo estaba en la morgue, identificado solo con un número. Su lucha por obtener respuestas es el reflejo del abandono institucional.
Por qué esto cambia el escenario
Estados Unidos ya deslindó responsabilidades: una vez fuera de su custodia, el ICE no se hace cargo. En Venezuela, el Estado mantiene detenidos a deportados sin antecedentes penales, violando derechos básicos y dejando a las familias en total oscuridad.
El caso de Daniel evidencia cómo el plan Vuelta a la Patria convierte a migrantes en presos sin justificación, bajo la custodia opaca de organismos de inteligencia. Esta tragedia muestra el costo humano de una política migratoria sin controles ni rendición de cuentas.
Qué viene después
Este episodio presiona para que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo intervengan y exijan claridad sobre el manejo de deportados. También urge reformar las leyes para impedir detenciones arbitrarias bajo el plan Vuelta a la Patria y garantizar que familiares sean informados puntualmente.
Mientras tanto, la falta de transparencia y la retención injustificada ya cobró vidas. ¿Cuántos más seguirán pagando las consecuencias de una agenda política que prioriza el control por encima de la legalidad y la seguridad?