Presos políticos venezolanos no solo pierden prisión, pierden todo
En Venezuela hay 687 presos políticos, según Foro Penal. Libertad no significa recuperar la vida: estatales aprovechan la ley para despojar propiedades, vaciar cuentas y arruinar familias.
¿Qué pasó?
El régimen chavista consolidó una estrategia brutal donde la detención es el paso inicial. El golpe más fuerte llega después: la aniquilación financiera y patrimonial del detenido.
Una ley aprobada en 2023, la Ley de Extinción de Dominio, se muestra como herramienta anticorrupción, pero en la práctica es el garrote contra la disidencia. Permite al Estado incautar bienes sin condena penal firme, sin garantías ni audiencias.
¿Por qué esto cambia todo?
De acuerdo con expertos, no es la ley en sí, sino su aplicación arbitraria y sin control. Este mecanismo viola principios básicos de legalidad e institucionalidad. Es una sentencia paralela que borra el patrimonio de cualquiera señalado.
Testimonios como el del excandidato Enrique Márquez revelan la dimensión del despojo: viviendas confiscadas, electrodomésticos robados, y familias dejadas en la ruina total. La represión no solo destruye al preso, destruye a su entorno y economía.
¿Qué puede venir después?
Si esta política continúa, la figura del preso político en Venezuela incluirá inevitablemente la ruina económica y social. Negocios serán estatizados arbitrariamente, familias desplazadas, y el mensaje será claro: discrepar del régimen acarrea la pérdida total, no solo de la libertad física.
En Caracas, patrullas con lemas de «bienes confiscados a la corrupción» recuerdan esta realidad: disidir en Venezuela no solo se paga con la cárcel, sino con el despojo del hogar y el patrimonio.