Vuelven a detener a Pedro Díaz pese a boleta legal de excarcelación
¿Por qué mantienen preso a un enfermo terminal pese a una orden clara de excarcelación?
Pedro Domingo Díaz Díaz, paciente oncológico, fue detenido nuevamente por el Cicpc en Guárico, a pesar de contar con una boleta de excarcelación emitida el 21 de mayo por un tribunal especializado en terrorismo.
El abogado Ezequiel González denuncia que la detención ocurrió en Altagracia de Orituco y calificó el procedimiento como ilegal, ya que ignora una orden judicial que debía garantizar la libertad de Díaz. Actualmente, las autoridades retienen esa boleta para justificar su reaprehensión basada en una supuesta nueva orden judicial.
Este caso no es reciente. Pedro Díaz fue arrestado en abril de 2022 durante la operación Trueno, un megaoperativo coordinado desde el gobierno central en tres estados. Durante su reclusión sufrió torturas que le causaron un derrame interno, agravando su delicado estado de salud.
¿Qué implica esta arbitrariedad para el sistema judicial y la salud pública?
- Ignorar órdenes de excarcelación debilita el respeto a las instituciones y al debido proceso.
- Perseguir indefinidamente a ciudadanos bajo presuntas nuevas causas evidencian un patrón de «puerta giratoria» que extiende injustificadamente la detención.
- El caso trasciende fronteras: organismos internacionales como la ONU y la CIDH ya ordenaron su liberación por considerarla arbitraria y un riesgo para su vida.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza alerta que esta estrategia socava los derechos fundamentales, prolonga el sufrimiento de las víctimas y sus familias, y denuncia un claro desacato judicial auspiciado desde instancias oficiales.
¿Qué viene si esta dinámica no cambia?
El precedente de esta detención ilegal amenaza con convertir la libertad judicial en papel mojado. Si se normaliza que las autoridades ignoren sentencias, se abre la puerta a persecuciones políticas sin control ni límites.
Además, la salud y vida de ciudadanos bajo custodia quedan en total indefensión, poniendo en evidencia el colapso no solo del sistema judicial, sino también de la protección mínima a los derechos humanos esenciales.
Esta no es una crisis aislada, sino la manifestación despiadada de un sistema que privilegia la represión sobre el respeto a la ley y la dignidad humana.