Víctor Quero Navas: 45 ONG Exigen Comisión Internacional por Muerte Bajo Custodia
La muerte de Víctor Quero Navas bajo custodia estatal sacude Venezuela
45 organizaciones venezolanas de derechos humanos exigieron este lunes una investigación independiente con expertos internacionales para esclarecer lo ocurrido con Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció mientras estaba detenido por el Estado.
Las ONG advierten que esta muerte no es un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de violaciones: detenciones arbitrarias con acusaciones de terrorismo, incomunicación, desapariciones forzadas y fallas en el debido proceso.
Qué pasó con Víctor Quero Navas
Detenido tras las protestas post elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Quero fue señalado de terrorismo. Desde entonces, su familia denunció falta de información, desaparición forzada e irregularidades en el proceso legal, incluso con la negación de recursos judiciales básicos como el hábeas corpus.
A pesar de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger su vida, las autoridades ignoraron estas alertas. Quero falleció bajo custodia el 24 de julio de 2025 y fue enterrado sin que su familia fuera informada o permitida a participar.
Por qué esto cambia el escenario
El ocultamiento prolongado de la muerte, las contradicciones oficiales y la falta de transparencia apuntan a la posible comisión de torturas o tratos inhumanos, denuncian las ONG. En contextos donde el Estado debería garantizar investigaciones claras y confiables, prima la opacidad y la impunidad.
Este caso ilustra una crisis institucional grave que pone en riesgo la seguridad y derechos fundamentales de quienes están detenidos por motivos políticos, sin garantías ni controles efectivos.
Qué podría venir después
Las 45 organizaciones plantean la necesidad urgente de una comisión internacional —con expertos y mecanismos de la ONU y del sistema interamericano— para que la investigación no sea otro encubrimiento. Además, exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos como paso imprescindible para restaurar la legalidad y confianza en el sistema judicial.
La pregunta que queda abierta es: ¿Seguirá el Estado ocultando un patrón de violaciones que compromete la seguridad y derechos básicos o asumirá responsabilidades con una investigación efectiva y cambios reales?