Venezuela apuesta por el ‘Sello Verde’ para colarse en mercados exigentes

Venezuela activa un controvertido proyecto para exportar madera «sustentable»

El gobierno venezolano anunció el «Sello Verde», una certificación oficial que busca validar la sostenibilidad de los productos madereros nacionales ante mercados internacionales.

El ministro Johann Álvarez Márquez y su par Freddy Ñáñez coordinaron la iniciativa para cumplir con protocolos globales, bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El objetivo declarado es elevar la competitividad y asegurar el aprovechamiento forestal con criterios ecológicos.

¿Cambio real o maquillaje para atraer inversión?

Lo que no se dice abiertamente es que esta apuesta llega en un contexto de economía deprimida y escasa confianza. El gobierno vincula comercio exterior y «ecosocialismo» para intentar darle un veneer moderno y responsable a exportaciones que hasta ahora han sido cuestionadas por su falta de transparencia y rigor ambiental.

El plan incluye mesas técnicas en Zonas Económicas Especiales, supuestamente para garantizar «los mayores estándares» en conservación. Pero, ¿puede un aparato político acostumbrado al control estatal garantizar realmente ese estándar o simplemente busca abrir una nueva vía de ingresos mientras mantiene centralizado el control?

Qué puede venir

  • Si el «Sello Verde» logra aceptación, podría presionar a otros sectores a adoptar sellos similares, abriendo espacio para controles más estrictos, pero también para burocracia y proteccionismo.
  • El proyecto podría ser usado para justificar mayores controles estatales en áreas estratégicas como los bosques, afectando a pequeños productores y a la inversión privada genuina.
  • Si falla en convencer mercados exigentes, la oferta seguirá limitada a nichos menos rigurosos, y la economía venezolana quedará atrapada en un círculo de intentos fallidos por diversificar ingresos.

Este impulso no es solo un tema ambiental. Podría redefinir cómo se negocian los recursos naturales y quién controla esos procesos en Venezuela. Lo que no se cuenta es si detrás del «Sello Verde» hay una verdadera voluntad de apertura o sólo una fachada para mantener el statu quo económico y político.

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