Traslado judicial en Barinas expone grietas en la justicia contra opositores
Tribunales de Caracas ceden casos graves a jueces de provincia
La justicia venezolana mueve las causas contra varios dirigentes de Vente Venezuela desde la capital hacia tribunales en Barinas. La defensa denuncia irregularidades sostenidas y pone en evidencia una crisis en la jurisdicción creada para procesar delitos de terrorismo.
¿Por qué este cambio altera el escenario judicial?
El Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo decidió remitir los expedientes de Henry Alviarez, Dignora Hernández y Víctor Castillo, entre otros, a tribunales ordinarios en Barinas, argumentando un supuesto «descongestionamiento».
Pero el abogado Omar Mora Tosta señala que la medida confirma la erosión de la llamada jurisdicción especial, creada sin respaldo legal sólido y usada durante años para casos políticos disfrazados de terrorismo.
Una jurisdicción especial sin base legal
Estas instancias no surgieron de una ley formal, sino de resoluciones administrativas vulnerables. Esa falta de fundamento legal ha permitido procesar a opositores bajo acusaciones arbitrarias, siempre bajo una fachada de lucha antiterrorista.
El costo real: garantías pisoteadas y procesos inválidos
Tras años, las causas vuelven a tribunales ordinarios con delitos comunes, evidenciando contradicciones y falta de sustento en las acusaciones iniciales.
La defensa exige nulidad absoluta. Reclaman violaciones al debido proceso, derecho a defensa y garantías constitucionales que no pueden pasarse por alto.
¿Qué viene después en este escenario judicial fracturado?
La defensa anuncia que seguirá cada traslado para garantizar derechos y evitar que estas estrategias judiciales se conviertan en herramientas de persecución política bajo la impunidad institucional.
Este movimiento judicial revela grietas profundas: un sistema que usa tribunales especiales sin base para procesos políticos y que ahora intenta esconder esas irregularidades bajo el argumento de «descongestionar».
¿Estamos ante un cambio real o solo un intento de maquillar fallas evidentes en el Estado de derecho?