¿Revisa el Gobierno a transportistas o controla una base política en Antímano?
Operativo oficial en Antímano:¿legalidad o control político?
El Gobierno nacional realizó una jornada especial con transportistas en la sede de la Unión de Conductores de Antímano, Caracas.
La presidenta de Fontur, Mirla Castellano, lideró la actividad que incluyó registro en sistema Patria, bancarización para seguros, digitalización del pasaje y asistencia médica.
¿Qué significa realmente esta acción?
Bajo la fachada de garantizar legalidad y seguridad, se impone un mayor control estatal sobre el transporte que debilita la autonomía del sector.
El operativo revela la prioridad del oficialismo por captar y condicionar a grupos que influyen en la movilidad ciudadana, en lugar de impulsar soluciones estructurales efectivas.
¿Qué viene después de este control?
- Centralización absoluta del transporte público bajo supervisión directa del Estado.
- Posible aumento de la dependencia política de conductores y sindicatos afines.
- Reducción de la competencia y mayor burocracia que podría afectar el servicio y la movilidad.
Esto no es solo un operativo de legalidad: es un movimiento político que delimita el poder estatal en sectores clave. ¿Quién realmente controla las calles de Antímano?