7 años desaparecido, sin expediente ni respuesta oficial
Hugo Marino, economista y submarinista, desapareció en Venezuela tras su llegada en 2019. Desde entonces, ni el Estado ni sus entidades han dado una explicación verificada.
La otra cara del poder: silencio y pasividad
Detenido potencialmente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Marino nunca apareció y el Estado no activó una investigación seria. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo permanecen mudos ante un caso que debería ser prioridad institucional.
Un fallo institucional que no se mide en palabras, sino en impunidad
- La desaparición forzada está catalogada como delito de lesa humanidad.
- No hay avances ni informes claros, solo reclamos familiares ignorados.
- Casos similares se acumulan bajo responsabilidad estatal sin sanción.
¿Qué revela este vacío de poder?
Que la institucionalidad venezolana falla en sus obligaciones básicas de seguridad y justicia. Que detrás del discurso oficial hay decisiones —o falta de acción— que agravan la crisis de Estado.
¿Qué sigue?
Sin un cambio real de prioridades, la impunidad seguirá prevaleciendo. Los familiares de Marino y de muchas víctimas quedan atrapados en un sistema que no responde. ¿Cuántos casos más serán silenciados mientras las instituciones se hacen de la vista gorda?