¿Protección social o control político? 64.600 yaracuyanos “atendidos” en un año
64.600 personas “atendidas” en Yaracuy: ¿un avance real o una maniobra política?
En lo que va del año, 64.600 yaracuyanos en los 14 municipios han sido objeto de jornadas y planes sociales con un alcance masivo en zonas consideradas vulnerables. ¿Qué significa realmente esta cifra?
El despliegue social del gobierno local
Según Daisys Cañizalez, secretaria de Protección Social, se han realizado 64 abordajes integrales en las 112 comunas formalmente constituidas. El discurso oficial destaca la comunicación directa con la comunidad, la territorialización y el trabajo conjunto entre diversos entes públicos, desde Prosalud hasta programas de protección integral.
Lo que no se dice
Esta estrategia se enfoca en la entrega de ayudas sociales puerta a puerta, pero también en asegurar un registro socioeconómico detallado. Todo bajo una asesoría continua que, en la práctica, implica un control político sobre sectores vulnerables con alta dependencia estatal.
Consecuencias invisibles: dependencia y desinstitucionalización
Más que soluciones sostenibles, este modelo refuerza la dependencia de la población hacia políticas asistencialistas. El riesgo es claro: convertir la ayuda social en un instrumento para perpetuar líneas oficiales y evitar el desarrollo autónomo de las comunidades.
¿Qué viene ahora?
Si esta tendencia sigue, veremos un Yaracuy con un sistema de protección social cada vez más centralizado y con mayor injerencia del Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos, bajo la excusa de combatir la vulnerabilidad. La verdadera pregunta es: ¿quién controla a las autoridades encargadas de esta protección?