Propietarios tras terremotos: la bomba financiera que no te cuentan
Terremotos golpean, propietarios pagan: la otra cara del desastre
El doble terremoto del 24 de junio no solo dejó daños visibles: también desplegó un costo legal y económico inesperado sobre los dueños de inmuebles en Venezuela.
El Código Civil es claro: los propietarios deben asumir todas las reparaciones, devolver depósitos y otorgar rebajas en los alquileres, mientras que los inquilinos quedan eximidos por fuerza mayor.
¿Qué sucedió realmente?
Los sismos dañaron 885 edificios y colapsaron 189 estructuras. Ante estos hechos, expertos en derecho civil coinciden en que los contratos de arrendamiento se extinguen automáticamente si la propiedad queda destruida. Esto implica que los inquilinos no pagan más y que los dueños asumen toda la pérdida.
Cuando el daño es parcial, el canon mensual debe ajustarse proporcionalmente, y las reparaciones deben ser costeadas por los dueños, que además deben devolver el depósito de garantía, un golpe directo a su liquidez.
Un doble castigo para propietarios en edificios
En propiedades bajo régimen de propiedad horizontal, el dueño soporta la restauración tanto de su unidad privada como de las áreas comunes dañadas. La ley protege estrictamente a los inquilinos, que no deben asumir responsabilidad alguna salvo excepciones muy puntuales por negligencia.
¿Por qué esto cambia todo?
Este marco legal impone un fuerte impacto financiero inmediato en dueños de inmuebles, sin considerar los efectos económicos colaterales ni la capacidad real de respuesta del sector privado. Además, abre una ventana para que ciertos grupos impulsen cambios jurídicos que transfieran aún más cargas a los propietarios.
A la vez, preocupa el riesgo de que se oculten daños estructurales para acelerar el regreso a las viviendas. Solo organismos estatales pueden certificar la habitabilidad, pero la presión social y política podría reducir esos controles.
Lo que viene después
- Se espera un aumento en la litigiosidad entre inquilinos y propietarios, con posible congestión judicial.
- Muchos dueños podrían optar por retirar sus propiedades del mercado, empeorando la oferta inmobiliaria y afectando la economía del alquiler.
- El costo de las reparaciones y devoluciones podría derivar en incrementos significativos en los precios de alquiler, arrastrando la presión hacia los inquilinos a largo plazo.
Esta realidad exige un debate serio sobre responsabilidades, sostenibilidad económica y roles institucionales, algo que la agenda política dominante intenta minimizar.