Policías de Chacao torturados en El Helicoide: el silencio que revela el régimen
Tres policías de Chacao testifican tras torturas y detenciones ilegales en El Helicoide
Durante más de cinco horas, tres exfuncionarios de la Policía Municipal de Chacao expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cómo fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas dentro de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
La Corte IDH abordó por primera vez un caso específico que denuncia torturas y persecución política contra policías locales en este centro de detención de Caracas, conocido por violar derechos fundamentales.
Una denuncia que cambia el tablero
Este caso, conocido como Chirinos Salamanca y otros (PoliChacao) vs. Venezuela, abrió el 189° período de audiencias de la Corte el 5 de mayo. Se trata de una acusación directa al Estado venezolano por criminalizar y perseguir a cuerpos policiales municipales en un contexto de impunidad y arbitrariedad.
Lo más grave: el Estado, bajo la administración de Delcy Rodríguez, fingió desinterés y no envió representantes pese a la notificación formal.
¿Qué ocurrió realmente?
- En junio de 2016, 14 policías de Chacao fueron arrestados sin pruebas sólidas, a pesar de que varios contaban con órdenes de libertad.
- Fueron señalados por presuntos vínculos con el asesinato de un periodista chavista, Ricardo Durán, acusaciones que involucraron directamente a altos funcionarios públicos en una campaña pública de desprestigio.
- Uno de los detenidos, Fred Armando Mavares Zambrano, denunció que las autoridades del Sebin ignoraron las órdenes de excarcelación y que los presos organizaron huelgas de hambre para denunciar sus condiciones
- Ángel Alfonso Sánchez Blanco detalló métodos de tortura horrendos: asfixia con bolsas plásticas, golpes con bate de béisbol, exposición a agentes químicos y descargas eléctricas para forzar confesiones falsas.
¿Por qué esto importa más de lo que parece?
El caso expone cómo el régimen utiliza la persecución a policías municipales para consolidar el control político, desmantelando la legalidad y el respeto a las instituciones. El silencio y la ausencia del Estado en la Corte IDH es una muestra clara de la falta de voluntad para cumplir con las normas internacionales.
Las víctimas demandan no solo reconocimiento de la responsabilidad internacional venezolana, sino reparaciones, reformas profundas en seguridad y justicia, y el cierre definitivo de El Helicoide como centro de tortura.
¿Qué sigue?
Confirmar estas denuncias ante la Corte podría obligar al régimen a enfrentar consecuencias internacionales y poner presión sobre sus estructuras represivas. La insistencia en la impunidad solo profundiza la crisis institucional y la inseguridad legal de los venezolanos.
Este caso marca un antes y un después para la defensa de la legalidad y la dignidad en Venezuela. La pregunta es clara: ¿hasta cuándo permanecerán en silencio las autoridades que deben proteger a sus ciudadanos?