Perú rompe el silencio: paga primer tramo de polémicos cazas F-16 a EE.UU.
Perú ejecuta primer pago para comprar aviones F-16 a EE.UU. pese a crisis política
En un giro inesperado, el gobierno peruano realizó este miércoles el primer desembolso para la compra de 24 cazas F-16 Block 70 a Estados Unidos. La operación, valuada en 3.500 millones de dólares, sigue adelante a pesar de la división interna en el Ejecutivo y de la postura del presidente interino José María Balcázar, que pedía posponerla.
Una contradicción que revela un país a la deriva
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, confirmó el pago inicial por 2.000 millones de dólares a través de la red social X, mientras que horas antes Balcázar proponía delegar la decisión a la próxima administración. Esa fractura expone cómo agendas políticas imponen decisiones cruciales sobre la seguridad nacional sin consenso ni transparencia.
Renuncias y riesgos legales: el costo inmediato
La disputa ya tiene consecuencias graves. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores presentaron sus renuncias, evidenciando profundas fisuras dentro del gabinete. El Congreso advierte que frenar el proceso podría implicar sanciones legales, perder la opción de compra y retrasar años la modernización estratégica de la Fuerza Aérea. La situación coloca en riesgo no solo la seguridad, sino la credibilidad de las instituciones frente a compromisos internacionales.
¿Quién empuja la agenda detrás del telón?
Rospigliosi señala que las dudas del presidente interino provienen de presiones de sectores políticos radicales que buscan bloquear la compra. Al mismo tiempo, la embajada estadounidense advierte sobre posibles represalias, reflejo de la tensión entre intereses nacionales y estrategias internacionales que pocas veces se revelan en el debate público.
Lo que viene: un panorama complejo y sin margen para errores
Mientras las renuncias sacuden al gobierno y el Parlamento intenta mantener la operación en curso, la modernización de la Fuerza Aérea peruana queda en un filo. El cronograma no admite retrasos y las consecuencias legales y económicas pueden ser severas. Más que una compra, esta controversia desnuda la fragilidad institucional y política que puede afectar la defensa y soberanía nacional.