Perú: ¿Por qué el conteo final puede cambiar todo y nadie quiere ceder?
Perú tiene resultados casi definitivos pero la verdadera batalla está en las 1.550 actas impugnadas
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó el escrutinio del 100% de las actas el viernes, con una diferencia mínima: Keiko Fujimori lidera con apenas 4.310 votos sobre Roberto Sánchez, en un país que ya vivió demasiadas crisis políticas con ocho presidentes en solo una década.
¿Qué pasó exactamente?
- Fujimori suma 50,012% y Sánchez 49,988%, con el 98,32% del escrutinio contabilizado.
- Las nueve actas pendientes ya fueron procesadas, pero aún quedan 1.556 actas observadas e impugnadas pendientes de revisión.
- Estos casos implican revisiones puntuales y recuentos voto por voto, por lo que la confirmación final puede tardar días.
¿Por qué esta etapa puede alterar todo el tablero?
Una diferencia de menos de cinco mil votos en más de 27 millones habilitados abre una ventana para que la llamada revisión «transparente» cambie el resultado o genere una crisis institucional. Los candidatos no solo defienden sus cifras, sino que cuestionan la transparencia en zonas específicas: Fujimori domina la costa y el extranjero; Sánchez tiene apoyo fuerte en el centro y sur.
Esta disputa sobre la validez de las actas deja al país en una espera tensa que puede impactar la estabilidad política y la confianza en las instituciones electorales.
¿Qué viene ahora?
- El candidato Sánchez propone una revisión conjunta para evitar sospechas, especialmente en áreas con «indicios presuntos» de irregularidad.
- Su rival Luis Galarreta, del fujimorismo, rechaza la idea, apuntando que todo debe ceñirse al marco legal y a las responsabilidades del Jurado Electoral Especial.
- El proceso legal avanzará con prudencia, pero el país enfrenta varios días decisivos que definirán no solo un gobierno, sino la credibilidad del sistema electoral.
Esta situación es un reflejo de la fragilidad institucional que la política peruana arrastra desde hace años. Lo que parecía un conteo cerrado, ahora es una prueba de fuego para la legalidad y la estabilidad democrática.