Plan de asesinato contra Paloma Valencia: Una amenaza real que el gobierno minimiza
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, denunció un intento de asesinato organizado por el Frente 42 de las disidencias de las FARC, con un pago de 2.000 millones de pesos para acabar con su vida. La información llegó directamente desde altos funcionarios: ministro de Defensa, Interior y director de la Policía Nacional.
Gobierno Petro-sale al contraataque: ¿Negación o encubrimiento?
El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez rechazaron tajantemente la denuncia. Aseguran que no hay ningún plan de atentado, calificándolo como un malentendido entre delincuentes, y afirmaron que la inteligencia niega amenazas concretas. Sin embargo, la candidata asegura que la amenaza es real y documentada, mientras el Estado quita gravedad al asunto.
Por qué esta crisis de seguridad pone en jaque la legitimidad del gobierno actual
Este choque entre denuncia y negación no es un caso aislado. Apenas el año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, fue asesinado en un acto público sin que el gobierno garantizará su protección. La política de ‘paz total’ implementada por Petro, lejos de reducir la amenaza del narcoterrorismo, ha incentivado a estos grupos a actuar con impunidad.
Lo que viene: ¿Un país en manos de narcoterroristas o la defensa firme del Estado?
Si la denuncia de Valencia es cierta, la mínima reacción oficial será una invitación a la violencia y la deslegitimación política. La seguridad de los candidatos y, por extensión, del ciudadano común está en juego. ¿Seguirá el gobierno avalando estos riesgos o tomará medidas firmes para restablecer el orden y proteger a quienes están en la mira?