El gobierno impone Estado Mayor militar para «blindar» servicios públicos
El ministro Juan José Ramírez anunció la creación de un Estado Mayor de Seguridad en los Servicios Públicos, una medida que busca fortalecer el control estatal mediante la unión cívico-militar.
La iniciativa responde a una instrucción directa de la presidenta (e) Delcy Rodríguez y apunta a garantizar «operatividad constante y eficiente» de los servicios básicos a nivel nacional, bajo una vigilancia especializada y militarizada.
¿Por qué esto cambia las reglas del juego?
Esta medida no es solo una estrategia técnica para proteger infraestructuras. Es un claro avance en la militarización de entes civiles, mezclando la gestión pública con la capacidad coercitiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Con esta articulación, el gobierno asume un control más directo y rígido sobre servicios fundamentales, limitando espacios para gestión independiente y potencialmente afectando la transparencia y eficiencia.
¿Qué se viene después?
- Mayor participación militar en administración pública y obras.
- Supervisión y acción directa contra cualquier situación que el gobierno interprete como amenaza a los servicios.
- Posible erosión de autonomía técnica en sectores clave, con impacto en la calidad y rapidez de respuesta ciudadana.
Este Estado Mayor representa un cambio hacia un Estado más centralizado y controlado, que no solo protege servicios, sino que amplía el control político bajo la excusa de la seguridad. Lo que no se dice es qué tanto afectará esto a la normalidad y a los derechos de los ciudadanos.