Nueve Muertes en Cárceles en Una Semana: La Crisis Penitenciaria que Ignora el Estado

Nueve presos muertos en menos de una semana: ¿Quién responde?

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de José Ramón Yelamo Zárraga en el Internado Judicial de Tocuyito, Carabobo. Con este caso, ya suman nueve fallecidos en cárceles venezolanas en apenas siete días.

¿La causa? Un sistema penitenciario colapsado donde la atención médica es inexistente. Según el OVP, Yelamo Zárraga falleció tras un deterioro constante de su salud sin recibir atención oportuna, un patrón repetido que el Estado sigue ignorando.

Más que números: un sistema en picada

Estas muertes no son casos aislados. Enfermedades comunes dentro de los recintos se vuelven letales por falta de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El hacinamiento y la insalubridad agravan esta crisis que afecta la seguridad y la legalidad dentro de las prisiones.

Casos recientes confirman esta realidad. En El Rodeo murieron dos presos en menos de 24 horas por problemas de salud desapercibidos. En Yare III, un motín terminó con cinco fallecidos, lo que llevó al Ministerio Público a intervenir, pero sin resolver el problema estructural.

¿Dónde está la responsabilidad del Estado?

El artículo 43 de la Constitución obliga al Estado a proteger la vida de quienes están privados de libertad. Sin embargo, la falta de medidas inmediatas revela la gravedad del abandono institucional. La omisión en la atención médica es una violación clara a los derechos humanos y genera un trato inhumano y degradante.

¿Qué sigue si no cambian las cosas?

Si no hay un giro urgente, la crisis se profundizará. Más muertes, motines y caos seguirán minando cualquier posibilidad de control y seguridad en las cárceles. El OVP exige investigaciones inmediatas, responsabilidades claras y medidas efectivas. Pero sin voluntad política real, esta cadena de tragedias no tendrá fin.

Lo que está en juego va más allá de la justicia o la seguridad interna. Es la integridad de las instituciones y el respeto a la ley lo que está en juego. Ignorarlo es permitir que la crisis penitenciaria devore lo poco que queda de un sistema estatal funcional.

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