La Defensoría se abre al mismo programa que niega origen real de conflictos
Eglée González Lobato, nombrada Defensora del Pueblo la semana pasada, presentó una hoja de ruta que insiste en la coordinación con el Programa para la Convivencia y la Paz, lanzado en enero por Delcy Rodríguez.
Sin ofrecer detalles sobre cómo actuará, González señaló que su enfoque será defender los derechos humanos en todas las vulnerabilidades, pero sin aclarar qué pasa con la inseguridad o la crisis legal que afecta a miles de venezolanos.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Porque su plan se ata a un esquema estatal que busca canalizar conflictos sociales sin abordar sus causas profundas. Más coordinación suena a control institucional, no a verdaderas soluciones ni garantías legales.
El llamado a «orden y reglas» para manifestaciones demarca una intención clara: limitar la protesta social bajo la bandera de la «convivencia». Se impone un modelo donde el diálogo es subordinado a la estabilidad artificial.
¿Qué viene después?
- Mayor coordinación entre Defensoría y Programa para la Convivencia, con creación de enlaces permanentes.
- Posibles controles más estrictos sobre protestas y movimientos sociales.
- Visitas a penitenciarías y revisión de denuncias que podrían quedar solo en trámites administrativos, sin cambios estructurales.
El verdadero desafío pasa desapercibido: la Defensoría no mira directamente la falla institucional que genera inseguridad, desigualdad y violación de derechos. El discurso oficial prioriza el orden por encima de la justicia real, en detrimento de la sociedad.