Militarización de minas en Bolívar: ¿El comienzo del rescate o solo un espejismo?
Golpe militar en minas de Bolívar despierta interés empresarial, pero la sombra del control estatal persiste
El reciente despliegue militar en las minas de Guayana, con apoyo estadounidense, logró expulsar a los grupos criminales que dominaban la zona, generando un horizonte más favorable para la inversión privada, afirmó Luis Alberto Rojas, presidente de la Cámara Minera de Venezuela.
Sin embargo, advierte que cualquier expectativa debe ser cautelosa. La información oficial sobre las políticas reales del gobierno interino de Delcy Rodríguez en el sector minero sigue siendo limitada y contradictoria, dificultando la toma de decisiones para los inversionistas.
Una riqueza minera ignorada y estratégicamente opacada
Las minas de Bolívar, incluyendo sitios clave como Las Cristinas y Las Brisas, contienen reservas de oro y cobre cuya cuantía supera los 100 mil millones de dólares solo en recursos indicados, según reportes de Gold Reserve y el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esta riqueza podría transformar la economía venezolana y aliviar su deuda externa, truncada durante años por la violencia y la ilegalidad.
La reciente operación, que incluyó la eliminación del delincuente conocido como Niño Guerrero, no es un simple hecho policial: es la señal de que el control territorial sobre las minas ha cambiado y que el trabajo en estas áreas estratégicas podría comenzar a ordenarse.
¿Invertir o esperar? El dilema que paraliza la minería
Para los inversionistas, el problema no es solo la inseguridad, sino la absoluta opacidad del Estado. “La información está accesible solo para el gobierno, y no fluye hacia el mercado”, explica Rojas. Falta un reglamento claro tras la recién aprobada Ley de Minería, y sin ello, los proyectos de gran envergadura están paralizados hasta 2027.
La ley, si bien abre la puerta a la participación mayoritaria privada, aún está lejos de ofrecer las condiciones necesarias para arrancar proyectos que requieren inversiones iniciales de varios miles de millones de dólares. El riesgo jurídico y la incertidumbre política siguen siendo una barrera infranqueable.
¿Qué viene después? Saneamiento, inversión y desarrollo… si el régimen lo permite
Los operativos actuales buscan limpiar las zonas de extracción ilegal para impulsar una minería formal, ecológica y con generación de empleo. Pero esta visión dependerá estrictamente sobre si el régimen flexibiliza sus controles y garantiza seguridad jurídica.
Con más de 40 mil millones de dólares necesarios para desarrollar infraestructura, exploración y logística, las minas de Venezuela tienen potencial para ser el motor económico del país, siempre que el intervencionismo estatal no las asfixie.
Mientras tanto, la militarización evidencia que sin control estatal férreo no hay minería que funcione en Venezuela. Pero, ¿a qué costo y con qué reglas? El tema divisivo continuará, pero estos movimientos marcan el verdadero terreno donde se juega el futuro económico nacional.