Más de 60 organizaciones denuncian irregularidades en nombramientos clave en Venezuela
Nombramientos sin legitimidad: un golpe a la institucionalidad democrática
Más de 60 organizaciones venezolanas cuestionan y rechazan las recientes designaciones de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato como defensora del Pueblo. La crítica apunta directo al proceso opaco, carente de participación ciudadana y al historial institucional de los designados.
¿Qué ocurre?
- Devoe proviene del aparato responsable de la persecución y criminalización de la disidencia, lo que pone en duda su independencia.
- González Lobato carece de experiencia comprobada en derechos humanos, un déficit clave para una Defensora del Pueblo.
- El proceso de selección ignoró principios constitucionales esenciales como la transparencia y la participación ciudadana, según ONG reconocidas.
¿Por qué esto cambia el escenario político y legal?
Estos nombramientos no son solo símbolos. Impactan directamente en la garantía de derechos, el ejercicio de la ley y la independencia institucional. Devoe y González Lobato asumen roles vitales que deben ser inmunes a presiones políticas y sectarias. La preocupación real es que, si persiste la influencia política en estas entidades, la persecución política y la vulneración de derechos seguirán siendo la norma.
¿Qué podría venir ahora?
- Las organizaciones exigen al nuevo fiscal poner fin inmediato a investigaciones y detenciones motivadas políticamente.
- Piden investigaciones objetivas contra funcionarios señalados en informes internacionales por violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
- Se solicita cooperación plena con la Corte Penal Internacional para asegurar justicia internacional.
- La Defensora del Pueblo debe pasar de la pasividad a la acción, demandando liberaciones inmediatas y ejerciendo control efectivo en centros de detención.
- También se reclama la derogación de leyes que restringen derechos civiles y políticos, dejando claro que la impunidad y la represión no pueden continuar.
El verdadero test será la independencia efectiva de estas instituciones, sin órdenes políticas, sin persecuciones ni uso partidista. El futuro de la institucionalidad democrática en Venezuela depende de ello.