La ley de amnistía venezolana no es reforma, es control político
El abogado Joel García, defensor de presos políticos, expone un dato que pocos asumen: la ley de amnistía aprobada en febrero no es progresiva ni general. Excluye deliberadamente lapsos temporales críticos.
Esta exclusión no es técnica, es política. La norma que debería liberar no protege a todos y omite favorecer al acusado, transformándose en un instrumento para mantener presos selectivos.
El caso Perkins Rocha: la evidencia de una ley espuria
Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora, pidió amnistía y se la negaron por un tribunal especializado en terrorismo, con un argumento que se sale de la interpretación estándar de la ley.
Si la amnistía fuese justa y aplicable, Rocha estaría libre. En cambio, su exclusión funciona como un mensaje claro: la ley está diseñada para controlar, no para restaurar justicia.
¿Qué nos ocultan detrás de la ley?
- La ley fue aprobada por un Parlamento controlado por el chavismo sin garantías de independencia.
- Ignora derechos básicos y la presunción de inocencia.
- Se niega a quienes más cuestionan el sistema, como Rocha, crítico del CNE por las elecciones de 2024.
Esto deja una pregunta incómoda: ¿la ley de amnistía busca realmente justicia o es un instrumento político para mantener presos a los enemigos del régimen?
El futuro inmediato: ¿más control y arbitrariedad?
Si se mantiene esta tendencia, la amnistía seguirá siendo una concesión discrecional, alejada del estado de derecho. La libertad dependerá más de la política que de la justicia.
La lucha no es solo legalista, es institucional. Este escenario augura más consolidación del control político disfrazado de conciliación. La oposición debe exigir sin concesiones la libertad plena y el fin de leyes con doble fondo.