La deuda venezolana se negocia en la sombra
El proceso anunciado por el gobierno interino para reestructurar la deuda externa es un misterio con barreras opacas, sin datos claros ni transparencia, pese a su impacto económico inmediato.
¿Dónde están los números del petróleo?
Estados Unidos controla la venta del petróleo venezolano desde hace seis meses, pero nadie sabe cuánto ingresan realmente las arcas nacionales. No hay cifras oficiales, ni auditorías visibles, solo declaraciones que rozan la propaganda.
Este petróleo es la garantía real de pago de la bimillonaria deuda externa, pero las cifras guardadas bajo llave, y los intermediarios con comisiones cuestionables, abren la puerta a un posible saqueo bajo la protección del interinato y Washington.
Pagando un costo invisible por el cambio de régimen
Washington asegura que las ventas petroleras pagaron 28 veces la operación militar que intentó sacar a Maduro. ¿Pero cuánto petróleo se vendió, a qué precio y con qué comisiones? Esa información no se revela a los venezolanos ni a los acreedores.
Negocios y aliados poco transparentes
El banquero Matthieu Pigasse, cercano a círculos vinculados con la administración Trump, fue elegido para negociar la deuda. Ofreció cifras elevadas que él mismo niega, mientras una competencia más barata fue descartada por el interinato. Negocios susurrados, pagos millonarios y contratos sin claridad son la norma.
Una deuda que asfixia a Venezuela
Con un valor estimado hasta en 240.000 millones de dólares, la deuda equivale al doble del PIB nacional. Para reestructurarla se necesita un programa integral, apoyo internacional y un interinato con legitimidad institucional, requisitos que no existen en el escenario actual.
¿Qué viene?
- Sin claridad en la contabilidad petrolera y sin reformas económicas serias, la crisis se profundizará.
- La opacidad financiera aumenta riesgos legales y desacuerda a los acreedores.
- Un interinato sin legitimidad y rodeado de negocios oscuros dificulta cualquier solución sostenible.
Venezuela está en una encrucijada: la economía y sus instituciones no pueden recuperarse con una administración que elude transparencia y que está subordinada a intereses externos que no rinden cuentas.