¿Otro engaño para disimular la crisis institucional?
El nombramiento de Larry Devoe Márquez como Fiscal General y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo refleja, en realidad, la continuidad de un poder absoluto que asfixia la justicia y las instituciones en Venezuela.
La experiencia histórica lo confirma. Nunca desde el emblemático caso de Carlos Andrés Pérez en 1993 —cuando un Fiscal independiente arriesgó su cargo para llevar antejuicio al presidente—, un gobierno se había atrevido a designar un fiscal realmente autónomo.
¿Qué cambió esta vez? Nada.
Larry Devoe, vinculado estrechamente a Delcy Rodríguez, ha defendido a capa y espada al régimen frente a denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos. Su papel no es investigar, sino blindar al Ejecutivo.
Por otro lado, Eglée González llega a una Defensoría del Pueblo que, según expertos, corre el riesgo de continuar siendo una oficina decorativa, incapaz de proteger los derechos fundamentales o de confrontar al poder.
Ramón Guillermo Aveledo resume la realidad: no hay señales claras de un cambio que la profunda crisis venezolana exige. La ley de amnistía es selectiva, los presos políticos siguen siendo cientos y la institucionalidad, una ficción.
¿Qué implica para Venezuela esta farsa institucional?
- La Fiscalía seguirá siendo un apéndice del Ejecutivo, no un órgano de justicia independiente.
- La Defensoría seguirá respaldando, no defendiendo, a los ciudadanos más vulnerables.
- No habrá avances en derechos humanos ni en la reconciliación nacional.
Mientras el mundo observa, Venezuela se hunde más en su posición 170 de 179 países en democracia liberal, según el índice V-Dem. Esta no es la urgencia del cambio, es la repetición de una estrategia para perpetuar el control absoluto.
¿Cuánto tiempo más aceptaremos esta continuidad disfrazada de renovación?