La excarcelación de presuntos presos políticos se estanca: ¿por qué el régimen bloquea la libertad?
La supuesta liberación masiva que no es tal
Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denuncia un ritmo exasperantemente lento en las excarcelaciones por motivos políticos en Venezuela. Desde enero, solo 811 presos han logrado salir o recibir medidas cautelares, mientras 411 permanecen encarcelados.
¿Qué está pasando en la justicia venezolana?
En casi un mes, los tribunales autorizaron apenas 35 nuevas liberaciones, una cifra irrisoria frente al volumen real de casos pendientes bajo las leyes de amnistía vigentes. Un goteo burocrático que prolonga el calvario de los reclusos y endurece la tortura psicológica de sus familias.
La PUD exige frente a esto procesos de liberaciones masivas, públicos y transparentes, y denuncia que la voluntad política brilla por su ausencia en un sistema controlado por Delcy Rodríguez y su administración.
El anuncio oficial y la cifra que no cuadra
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 presos políticos bajo criterios humanitarios por edad, enfermedad o condición especial. Incluyó nombres emblemáticos, como exagentes detenidos desde 2002, buscando dar un mensaje de cambio.
Sin embargo, la sociedad civil y ONG especializadas desmontan esta narrativa: existen al menos 654 casos que cumplen todos los requisitos legales para la excarcelación inmediata. Reducir esa cifra a menos de la mitad es una maniobra que apunta a manipular la opinión pública y diluir la responsabilidad del régimen.
¿Qué consecuencias reales trae esta parálisis?
Esta restricción deliberada del acceso a la libertad no es un problema judicial, sino político. Mantener a cientos entre rejas afianza el control institucional y perpetúa la persecución como herramienta de dominación.
La estrategia oficial no busca justicia ni reparación, sino utilizar la excarcelación como propaganda selectiva. Esto agrava la crisis institucional y mina cualquier intento serio de restaurar la legalidad y el Estado de derecho.
¿Qué viene después?
Si el sistema sigue bloqueando liberaciones masivas, la presión social y la denuncia internacional se intensificarán. La coalición opositora seguirá exigiendo transparencia y cumplimiento real de la ley. La alternativa será profundizar la crisis política y legal en Venezuela, con presos políticos convertidos en la peor cara de la decadencia institucional.