La Casa Blanca usó la justicia como arma para atacar a Maduro, revela exsecretario de Defensa
Trump y el uso político de la justicia contra Venezuela
El exsecretario de Defensa Mark Esper describe en sus memorias cómo la administración Trump no solo aplicó sanciones económicas contra Venezuela, sino que también recurrió a maniobras fuera del marco legal para intentar derribar a Nicolás Maduro.
¿Qué ocurrió?
En «A Sacred Oath», Esper detalla que la Casa Blanca consideró acciones militares directas, incluso preguntándose en la Oficina Oval qué pasaría si el ejército estadounidense eliminara a Maduro en el terreno. Ante el fracaso de las sanciones para colapsar el régimen, el Pentágono expuso un «Plan B» basado en agresiones directas.
Más grave aún, el Consejo de Seguridad Nacional manipuló el acta oficial del gabinete para simular una aprobación legal de ataques navales contra la industria petrolera venezolana.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La confesión textual de Donald Trump —que reconoció su intención de apoderarse del petróleo venezolano— no es solo una declaración política, sino una admisión que deslegitima el uso del sistema judicial como herramienta para fines geopolíticos.
Esto revela que la fiscalía fue instrumentalizada, poniendo en riesgo la legalidad y la integridad institucional. La Justicia no fue un árbitro imparcial, sino parte activa en una operación de fuerza política.
¿Qué puede venir después?
Frente a estos evidentes abusos, la presunción de legitimidad del proceso penal contra Maduro queda anulada. Esto puede sentar un precedente para cuestionar otros procedimientos similares basados en manipulación política y evidencia contaminada.
Más allá de la controversia, esta revelación obliga a una reevaluación seria sobre hasta qué punto las administraciones estadounidenses están dispuestas a violar principios fundamentales para obtener ventajas geopolíticas.