La cárcel exclusiva para alcaldes del Zulia que el régimen oculta
Detención arbitraria y secuestro de alcaldes en el Zulia
Amanda Molero fue testigo de un operativo coordinado con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa de su tía en Maracaibo, sin mostrar órdenes ni explicaciones. La víctima, engañada por una respuesta simulada desde un teléfono controlado por el Sebin, abrió las puertas a los intrusos.
¿Por qué importa esto?
Lo que comenzó como una operación arbitraria en el Zulia se convirtió en un caso emblemático: la detención de Indira Celina Fernández, alcaldesa oficialista, junto a otros exalcaldes, acusados de narcotráfico en una misión llamada Operación Relámpago de Catatumbo.
Ellos no sólo llevan más de 50 días desaparecidos al ser detenidos, sino que enfrentan la negación sistemática de derechos básicos: sin acceso a abogados privados, sin amnistía y en un lugar fuera del alcance público.
Una prisión política bajo control directo del poder
Esta delegación Zuliana –cinco exalcaldes encerrados— está actualmente recluida en el Comando Nacional Antidrogas (CNA) en Caracas, un recinto no convencional que funciona como una cárcel exclusiva para presos con respaldo o conflicto político. De hecho, solo queda este grupo, reducido pero representativo, simbolizando cómo se criminaliza la política local bajo la excusa del narcotráfico.
Lo que no se explica ni se cuestiona
- Por qué las detenciones se extendieron más allá del plazo legal sin presentación formal.
- Por qué se elimina el derecho a defensa legal privada, dejando a los acusados indefensos.
- Cómo se utiliza una redada para manipular teléfonos y engañar a familiares.
- El posible propósito político detrás de mantener aislados a esos alcaldes, pese a la diversidad de credos
¿Qué viene ahora?
Esta situación abre un precedente claro: la justicia se emplea como herramienta política para neutralizar a rivales y controlar territorios estratégicos. La falta de transparencia del régimen sobre estos detenidos y la concentración de poder en manos de figuras como Diosdado Cabello anuncian una prolongación del uso arbitrario de la ley.
Mientras tanto, la población zuliana ve sus instituciones municipales capturadas, y bajo sospecha, en un escenario donde la separación de poderes y la legalidad están en jaque.
Esto no es solo un caso aislado. Es un aviso para quienes aún creen en un Estado de Derecho en Venezuela.
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