Kast quiere obligar a instituciones a exponer datos privados de migrantes irregulares
Gobierno busca información privada de migrantes en instituciones públicas
El presidente José Antonio Kast impulsa un proyecto que obliga a hospitales, escuelas y otras entidades públicas a entregar datos personales de migrantes en situación irregular.
Esta ley apunta a acelerar expulsiones y exige a las instituciones informar domicilios, teléfonos y correos electrónicos de estas personas.
Una medida que desata un choque interno inesperado
La ministra de Salud, May Chomali, rechaza frontalmente esta política por violar el resguardo legal que protege la confidencialidad en la atención sanitaria.
En su defensa, señala que exponer datos vulnera el Código Sanitario y que debe prevalecer la ley sobre cualquier agenda política.
Consecuencias que nadie quiere discutir
El subsecretario del Interior intenta minimizar el impacto, pero expertos advierten que forzar esta entrega de información desincentivará que migrantes busquen atención médica o escolar.
Esto no reducirá la inmigración irregular, sino que volverá a sectores vulnerables invisibles y excluidos, aumentando riesgos sociales y sanitarios.
Un cambio que modifica el escenario migratorio en Chile
Esta medida representa un giro radical en la política migratoria. Más allá de expulsiones, abre la puerta a vulnerar derechos básicos en nombre del control migratorio.
Después de recientes confusiones sobre el alcance de su promesa de expulsar a 340.000 migrantes, Kast refuerza con acciones concretas que afectan directamente la operación del sistema sanitario y educativo público.
¿Qué viene después?
Si esta ley se aprueba, veremos un choque institucional creciente, con sectores fundamentales del Estado enfrentados por el uso de datos sensibles.
También aumentará la desconfianza en instituciones públicas, debilitando la gobernabilidad y la atención de poblaciones en situación vulnerable, provocando efectos adversos que el discurso oficial procura ocultar.