Junín en emergencia: ¿Quién protege a 800 familias aisladas por lluvias?
Junín colapsa ante lluvias: aislamiento, infraestructura en ruinas y desatención
Las recientes precipitaciones en Junín, tercer municipio más populoso del Táchira, revelan una crisis profunda. El alcalde Jackson Carrillo decretó emergencia institucional el 15 de mayo: no es burocracia, es sobrevivencia ante la falta de recursos y maquinaria para atender la emergencia.
¿Qué pasó? Las lluvias destruyen vías rurales esenciales, aislando a 800 familias agrícolas en San Vicente de la Revancha y Río Chiquito. Las rutas La Petrolea, Chícaro y Quince Rojo están casi intransitables; esta última convertida en una simple trocha que pone en riesgo vidas cada día.
Por qué esto cambia todo: La incomunicación paraliza la economía local, basada en la agricultura de subsistencia. Sin caminos ni transporte seguro, productos como fresas, mora o leche se quedan en campo. El colapso no es solo geográfico, sino institucional. La infraestructura urbana de Rubio también muestra daños estructurales por años de políticas urbanas irresponsables y terrenos inestables, que recuerdan el desastre fatal de noviembre 2020.
La sombra de un desastre mayor crece. El río que atraviesa el centro comercial peligroso avanza sin control, con maquinaria pesada negada por una burocracia indiferente y politizada, que bloquea recursos y equipos porque la alcaldía es opositora.
¿Y la atención básica? Junín sufre apagones que duran hasta 24 horas, quemando miles de luminarias públicas. En la salud rural, la falta de ambulancias agrava la vulnerabilidad. Río Chiquito exige apoyos urgentes, pero la crisis financiera impide cualquier mejora.
El trasfondo: asfixia financiera y abandono gubernamental. Junín recibe apenas 5 mil dólares mensuales para 109 comunidades, con la mitad para bonos salariales. El mantenimiento de equipos obsoletos consume la mayoría del presupuesto. Los peajes en autopistas críticas no retornan nada a las vías locales que soportan tráfico pesado.
Intentos por adquirir maquinaria básica, como una excavadora usada, fueron bloqueados por el gobierno central. Mientras tanto, maquinaria útil permanece inactiva en depósitos, ignorada pese a las reiteradas solicitudes del alcalde.
¿Qué sigue? Sin un cambio inmediato, Junín enfrentará un colapso irreversible. La infraestructura vial y habitacional se desploma, la entrega de servicios públicos esenciales se deteriora y el riesgo a vidas aumenta. Desoír las necesidades de Junín no solo es irresponsabilidad: es poner a la población a merced de la crisis y la tragedia.
¿Hasta cuándo esta realidad será ignorada por las autoridades que concentran recursos sin mirar las zonas más vulnerables?