Jorge Rodríguez impulsa liberación masiva bajo criterios que ponen en riesgo la seguridad
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación inminente de 300 personas en los próximos días. Esta medida se sustenta en beneficios procesales aplicados a grupos definidos por edad y condiciones médicas, incluyendo menores de edad, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o lactantes, y personas con enfermedades comprobadas.
Lo que no te cuentan: Entre los liberados hay implicados en delitos graves
El decreto incluye a ex policías metropolitanos de 2002 y a personas vinculadas a actos violentos de alta sensibilidad, como los casos de atentados en Plaza Venezuela y Plaza de la Victoria. Incluso una joven de 16 años acusada de transportar explosivos y mujer de más de 70 años relacionada con ataques serán parte de este grupo liberado.
Un giro preocupante en la seguridad y la justicia del país
Esta decisión pone en cuestión la eficacia y rigurosidad del sistema judicial, y muestra un claro alejamiento del compromiso real con la seguridad ciudadana. Liberar a individuos con antecedentes documentados bajo argumentos humanitarios abre la puerta a que la impunidad avance camuflada entre medidas sociales.
¿Qué viene ahora?
Más allá de las declaraciones de combate a la corrupción y la justicia, esta medida podría generar un efecto dominó: incremento de riesgos para la sociedad y debilitamiento institucional. La verdadera lucha contra la impunidad exige leyes firmes y aplicación estricta, no concesiones que confunden la seguridad pública con concesiones políticas.