Israel avanza con demoliciones en Jerusalén pese a tribunales paralizados
Israel ejecuta demolición masiva en Jerusalén ignorando apelaciones judiciales
El Ejército israelí comenzó una ronda de demoliciones en Al Eizariya, suburbio a 3 km al este de Jerusalén, donde pretende abrir una carretera directa hacia el asentamiento de Maale Adumim en Cisjordania.
Con órdenes entregadas a comerciantes que sostienen con sus negocios a sus familias, Israel avanza sin esperar la respuesta de los tribunales, que aún no se han pronunciado sobre las apelaciones presentadas desde 2025.
Omar Rayub, de la Oficina de Información de la Gobernación de Jerusalén, denuncia que el Ejército actuará antes que la Justicia, sentando un precedente institucional grave: la fuerza por encima de leyes y recursos legales.
La Justicia convertida en instrumento militar
El caso de Mohamed Abu Ghalia, herrero y dueño de un desguace, expone esta realidad. Ante la pregunta de si el desalojo cuenta con respaldo judicial, un oficial le respondió: “el juzgado soy yo”. Este salto autoritario muestra cómo las instituciones se subordinan a la agenda de expansión territorial.
El impacto real: familias sin ingreso y desplazamiento forzado
Negocios familiares, talleres y carnicerías están en la mira. Mohanad Abu Aish, quien sostiene a su familia y cuatro empleados con su carnicería, ahora enfrenta la destrucción de su único sustento.
Se trata de un plan que afecta directamente la seguridad económica y legal de cientos de civiles, bajo argumentos urbanísticos que ocultan una realidad clara: desplazar a la población palestina para consolidar controles estratégicos.
¿Qué está en juego?
- La consolidación de asentamientos en Cisjordania evade procesos judiciales y derechos básicos.
- El precedente de militares tomando decisiones judiciales abre una peligrosa grieta en las instituciones.
- Las consecuencias son la destrucción sistemática de medios de vida y un desplazamiento forzado que afecta estabilidad social y económica.
El escenario avanza hacia un aumento de tensiones y un endurecimiento institucional que deja poco espacio para la legalidad o la defensa civil real. ¿Quién responderá por las familias y negocios destrozados en este proceso?