Ingenieros alertan: revisiones irregulares ponen en riesgo vidas tras sismos
Revisiones estructurales fuera de control ponen en jaque la seguridad
El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) da un alerta urgente: no cualquier persona puede evaluar la seguridad de edificios tras los recientes terremotos que sacudieron el norte del país. Solo brigadas oficiales y especialistas autorizados están facultados para emitir dictámenes técnicos confiables.
El riesgo detrás de las inspecciones informales
Enzo Betancourt, presidente del CIV, advierte que permitir inspecciones privadas sin respaldo institucional abre la puerta a errores graves que pueden costar vidas. No se trata de simples opiniones: la ingeniería estructural exige procedimientos legales y profesionales estrictos, según la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.
Betancourt afirma: “Esto no es turismo de aventura, esto es algo extremadamente delicado”. Sin este control, se difunden datos imprecisos que confunden a la población y ponen en riesgo la integridad de las comunidades afectadas.
¿Qué hacen las brigadas oficiales?
- Primera fase: inspecciones visuales por ingenieros, arquitectos y estudiantes capacitados.
- Siguientes etapas: evaluaciones técnicas detalladas para verificar daños estructurales.
- Únicamente voceros autorizados pueden divulgar resultados oficiales.
Peligro real: gente sigue entrando a edificios inseguros
Alfredo Urich, ingeniero especializado, señala un problema inesperado: vecinos continúan viviendo o entrando a inmuebles declarados inseguros. Una conducta que no sólo ignora la ley sino que pone en evidencia un vacío en la coordinación institucional.
Urich subraya que, aunque los voluntarios ayudaron inicialmente, ahora el desafío demanda equipos técnicos organizados, priorización y controles institucionales rigurosos.
Denuncias, la única defensa contra el caos técnico
Las credenciales otorgadas por el Colegio de Ingenieros no autorizan inspecciones particulares ni visitas privadas. Solo legitiman a quienes integran las brigadas oficiales. Cualquier actuación fuera de ese marco debe ser denunciada de inmediato.
Betancourt insiste: las inspecciones por cuenta propia generan información errónea y comprometen la seguridad colectiva. La sociedad debe entender que esta no es una cuestión técnica menor, sino una decisión que impacta en la vida de miles.
¿Qué viene ahora?
La prioridad debe ser fortalecer la coordinación institucional, eliminar evaluaciones paralelas y garantizar que solo expertos sean responsables de certificar edificios seguros o dañados. Ignorar esta alerta podría traducirse en más víctimas y un retroceso grave en la gestión de desastres.
¿Estamos listos para asumir la responsabilidad? La respuesta está en respetar la ley y apoyar a los profesionales autorizados. El camino está claro, el riesgo también.