Gobierno impone fiscales aliados y blinda la impunidad estatal
¿Quién vigila a los fiscales del gobierno?
La Asamblea Nacional volvió a usar su mayoría para colocar a sus aliados como fiscal general y defensora del pueblo.
Antes, impusieron una Ley de Amnistía llena de trampas y discriminación selectiva que hoy está paralizada.
¿Qué significa esto?
El Ejecutivo articula una alianza clave con la impunidad.
Esta maniobra bloquea cualquier investigación o proceso penal contra funcionarios responsables de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
El primer acto de estos funcionarios: silencio y sumisión
- Represión con gases lacrimógenos y violencia a adultos mayores, trabajadores y pensionados.
- Ninguna acción de la Fiscalía para proteger derechos constitucionales.
Prometieron defender los derechos del pueblo. La realidad muestra lo contrario: un aparato blindado para evitar que la justicia actúe.
¿Qué está en juego?
Un sistema judicial parcializado, subordinado a intereses políticos y disciplinario con un Tribunal Supremo de Justicia que actúa según colores partidistas.
La impunidad ya no es una falla aislada: es la regla impuesta. ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo?