Gobierno de Kast pone en la mira pensiones de gracia tras estallido social
El gobierno de Kast abre un nuevo capítulo en las pensiones de gracia
El Ejecutivo de Chile inició una auditoría profunda sobre las pensiones de gracia entregadas a víctimas del estallido social de 2019, un tema que había quedado fuera del debate público.
Qué pasó
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que desde el inicio de su mandato en marzo se revisan los expedientes de quienes reciben estos beneficios. La medida tomó fuerza pública tras descubrir que un beneficiario, detenido por tráfico de drogas, seguía percibiendo fondos estatales hasta enero, pese a los cuestionamientos jurídicos y morales que esto genera.
Por qué esto cambia las reglas del juego
Estas pensiones, entregadas bajo una política basada en la narrativa oficial de victimización exclusiva, atraviesan ahora un control que evidencia un manejo irregular y falta de supervisión rigurosa. Mientras se defendía la “gracia presidencial”, se ocultaba cómo fondos públicos eran asignados sin mayor filtro, incluso a personas con antecedentes inquietantes.
Qué se viene
La revisión podría extenderse a varios casos más, lo que pondrá en jaque la legitimidad de estas asignaciones y obligará a replantear varias de las decisiones adoptadas bajo la vieja lógica política del “estallido delictual”. Además, el propio Ejecutivo no descarta indultar a uniformados condenados por acciones en ese contexto, un paso que redefine el equilibrio entre seguridad y derechos en Chile.
Este movimiento del gobierno de Kast no solo cuestiona la narrativa oficial del estallido social, sino que plantea un debate real sobre la responsabilidad fiscal, la legalidad y la seguridad institucional frente a propuestas que dividieron profundamente al país.