Funcionarios que roban usando bienes públicos siguen impunes
Funcionarios usan recursos del Estado para beneficio personal y quedan impunes
En Venezuela y otros países, un delito clave sigue sin recibir la atención suficiente: el uso indebido de bienes públicos en beneficio particular, conocido como peculado de uso.
Aunque la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982 y la Ley contra la Corrupción lo prohíben claramente, muchos funcionarios siguen abusando de trabajadores, vehículos y maquinarias estatales para fines privados — desde construir sus casas hasta viajes personales o compras particulares.
Este comportamiento no sólo viola la ley, sino que erosiona la confianza en las instituciones y representa un sabotaje silencioso contra el patrimonio nacional.
La realidad es aún más grave: el peculado de uso se agrava cuando los bienes públicos se emplean sin control ni consecuencias reales. Y cuando se trata de dinero público, lo que ocurre es robo directo, conocido como peculado por apropiación.
¿Por qué esto cambia el panorama?
Porque la impunidad en estos casos evidencia un sistema institucional débil donde la corrupción cotidiana se normaliza. Mientras los recursos públicos se desvían, los servicios públicos se deterioran y la economía pierde eficiencia.
¿Qué esperar si esta práctica continúa?
Un Estado cada vez más ineficaz, con instituciones incapaces de proteger su patrimonio y con funcionarios que operan por encima de la ley. Sin medidas firmes y sanciones ejemplares, el saqueo seguirá intensificándose, afectando la seguridad jurídica y el desarrollo nacional.