Figuera entrega el poder real a la AN de 2015 en la nueva ruta de agosto
La oposición cede control a la AN de 2015 bajo supervisión estadounidense
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, anunció que la última palabra sobre la llamada ruta de agosto recae exclusivamente en ese cuerpo legislativo opositor. Un proceso de transición política que comienza formalmente el 1 de agosto y que estará acompañado técnica y políticamente por Estados Unidos.
Desde el principio, Figuera aclaró que no es una negociación paralela ni un acuerdo a espalda del país, sino un mecanismo institucional que busca garantizar elecciones con reglas claras y reconocimiento de resultados.
La jugada que cambia el escenario político
Este respaldo estadounidense otorga la seriedad que buscan las partes, pero también pone bajo lupa la influencia externa en decisiones clave. Figuera recalcó que las decisiones serán tomadas solo por la AN de 2015, relegando así a otros sectores opositores y al oficialismo.
Entre las prioridades definidas están:
- Reestructurar el Consejo Nacional Electoral con autonomía real.
- Garantizar independencia del Tribunal Supremo de Justicia para evitar anulación de votos.
- Restituir partidos políticos en manos legítimas y levantar inhabilitaciones.
- Eliminar leyes coercitivas que limitan la competencia política.
¿Qué sigue y por qué esto importa?
Este acuerdo abre la puerta a que cualquier candidato participe «en buena lid», incluyendo voces incómodas como María Corina Machado o el propio PSUV. Sin embargo, el control del proceso desde la AN de 2015 bajo supervisión de EE.UU. centraliza la ruta de transición en un solo punto, dejando fuera a otros actores y dividiendo aún más a la oposición.
Figuera se desmarca de la militancia política para presentarse como garante institucional, pero el escenario real muestra una agenda con influencia externa que podría limitar la verdadera soberanía democrática.
La llamada «ruta» no es perfecta ni completa, admite la propia dirigente, y deja muchas deudas pendientes. La pregunta inevitable es si este proceso servirá para reconstruir instituciones reales o solo para perpetuar vetos y exclusiones disfrazadas de diálogo.