Exigen a Delcy Rodríguez liberar a presas políticas mientras prometen más excarcelaciones que no llegan

Familiares y líderes desafían a Delcy Rodríguez en la cárcel de mujeres INOF

Este martes, un grupo de familiares de presas políticas, dirigentes y activistas se concentró frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, exigiendo la liberación inmediata de las detenidas. Denuncian que el gobierno incumple las promesas oficiales sobre la liberación masiva de presos políticos.

¿Qué ocurrió?

Bajo lemas como «No están solas» y «Hasta que la última sea libre», los manifestantes mostraron fotos de 34 mujeres detenidas por razones políticas, según el Foro Penal. Destaca el caso de Emirlendris Benítez, encarcelada desde 2018 con una condena de 30 años por supuestos delitos que su defensa y organismos internacionales cuestionan firmemente.

Melania Leal, hermana de Benítez, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para su liberación desde 2020. Durante la detención, Benítez sufrió torturas y perdió a su bebé en estado de embarazo.

¿Por qué esto cambia el escenario?

El reclamo ocurre en medio de una disputa sobre las cifras reales de excarcelaciones. Hace días, el Parlamento anunció 300 liberaciones complementarias a la amnistía de febrero, y Delcy Rodríguez prometió 500 en pocas horas. Sin embargo, solo menos de 50 personas han sido liberadas formalmente, según observadores universitarios y ONG.

Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, denunció que la administración engaña a la población. Además, el plazo para crear una mesa técnica para la liberación de universitarios presos vence pronto sin avances.

Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal confirmaron cifras muy por debajo de lo anunciado: entre 39 y 43 excarcelaciones verificadas la última semana. En total, 409 presos políticos permanecen detenidos.

¿Qué viene ahora?

La discrepancia entre promesas y realidad erosiona la credibilidad del régimen encargando y pone en riesgo el control social en Venezuela. La presión de familiares y organismos independientes podría intensificarse a medida que la agenda política en torno a las excarcelaciones siga sin cumplirse.

El cumplimiento de estas promesas es clave para la estabilidad y legitimidad institucional. Si no se actúa, aumentará el descontento y la tensión política, con un costo directo en la seguridad jurídica y los derechos básicos.

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