Estado de derecho en Venezuela: ¿un cadáver legal en plena vigilia?
Estado de derecho en Venezuela: una crisis que no quieren mostrar
En Mérida, el cardenal Baltazar Porras desenmascara una realidad que pocos se atreven a denunciar con claridad: el Estado de derecho en Venezuela está en quiebra. Más que discursos vacíos, su análisis revela un sistema jurídico en ruinas, donde la ley sucumbe ante el arbitrio y el poder político.
Lo que pasa realmente
- La privación de libertad por motivos políticos ya no se oculta solo en cifras, sino en la negación directa de las autoridades para informar sobre el paradero de detenidos. Esto configura un delito continuado: la desaparición forzada.
- Este patrón, si es sistemático, puede calificar como crimen de lesa humanidad, sin posibilidad de prescripción ni amnistía.
- La tan mencionada “Ley de Amnistía” no es más que una ficción jurídica: ni tiene fuerza para pacificar ni para limpiar delitos que afectan la conciencia global.
- La inhabilitación arbitraria de partidos políticos mediante procesos administrativos corrompidos elimina el pluralismo y mina la legitimidad electoral.
Por qué esto cambia el escenario
El colapso jurídico significa que no hay ley, ni Constitución ni derecho auténtico; solo aparece una fachada para esconder el vaciamiento de derechos fundamentales. El Estado se convierte en un instrumento de exclusión política y persecución.
La rigidez punitiva del sistema de justicia, lejos de garantizar legalidad, alimenta el miedo y fortalece la permanencia de quienes temen enfrentar delitos imprescriptibles. En este ciclo vicioso, las elecciones pierden toda base de confianza.
Lo que viene, inevitablemente
Sin una restauración real del Estado de derecho, cualquier proceso electoral será una farsa sin credibilidad. La solución no es solo política, debe incluir un proceso serio de justicia transicional, o el ciclo de impunidad y arbitrariedad se mantendrá.
Mientras siga la desaparición forzada, la exclusión política y el uso selectivo de la justicia, Venezuela seguirá atrapada en un limbo jurídico que perpetúa el poder y niega la soberanía ciudadana.
Esta crisis importa más de lo que dicen: es una amenaza directa a la legalidad y a cualquier esperanza de cambio real.