Empieza la Consulta de Justicia Penal: ¿Reforma real o control político?
La «Gran Consulta» sobre Justicia Penal arranca el lunes: una agenda que pocos cuestionan
El próximo 1° de junio inicia oficialmente la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, impulsada desde el Ministerio Público y el gobierno. Se trata de un proceso masivo que se ejecutará simultáneamente en todo el país, repartido en ocho circuitos territoriales, con sesiones de tres días por estado.
Participarán jueces, fiscales, defensores públicos, jueces de paz y actores del «Poder Popular»: comunidades organizadas, empresarios, comerciantes, jóvenes, mujeres y grupos indígenas. Además, incluyen a organizaciones civiles y agencias internacionales como la ONU.
¿Por qué esta consulta cambia todo?
El objetivo declarado es «transformar» el sistema penal para combatir el retardo procesal y la criminalización de la pobreza. Suena lógico, pero detrás está una clara redefinición del marco jurídico que puede debilitar garantías legales y erosionar la independencia judicial.
Se abordarán temas como política criminal, celeridad procesal, garantías del debido proceso, innovaciones tecnológicas y justicia «especializada» en género, diversidad sexual e incluso protección animal. Esta cartera refleja una agenda política que prioriza ciertos derechos y grupos, mientras deja en segundo plano la seguridad y legalidad que demandan los venezolanos.
Qué se viene después
Este proceso puede significar cambios profundos en las leyes y en la estructura misma del sistema de justicia penal, con impactos directos en la gestión de delitos, procedimientos judiciales y aplicación de penas. La duda persiste: ¿La reforma será un avance real en justicia o una nueva capa de controles políticos y dilación burocrática?
Lo que nadie cuenta es que estas «consultas» suelen disfrazar decisiones ya tomadas en oficinas centrales, mientras la inseguridad y la impunidad se mantienen como los verdaderos problemas sin resolver.
La invitación está hecha. La participación será clave para no dejar que el debate quede en manos de unos pocos y que la política imponga formatos alejados de las necesidades reales del país.