El programa oficial que busca controlar comunidades bajo el disfraz de paz
Reunión de jueces de paz: ¿paz o control disfrazado?
En el corazón de Caracas, un encuentro con jueces de paz del municipio Libertador expone una estrategia que va más allá de la convivencia: el control político en las comunidades.
Ernesto Villegas y su equipo encabezaron esta reunión bajo la bandera del «Programa para la Paz y Convivencia Democrática». Pero lejos de abordar problemas reales, la conversación giró hacia la consolidación de un modelo unificado y alineado con la agenda oficial.
Los jueces, representantes de 22 parroquias, revelaron que están buscando ampliar su capacitación técnica para operar con mayor eficacia dentro de un marco reglamentado desde arriba. En concreto, pidieron reglas para temas tan específicos como el control del estacionamiento y reparación mecánica en las calles, un indicio claro de la extensión del poder estatal a aspectos cotidianos.
El peligro que pocos ven
Este «programa para la convivencia» no es solo una iniciativa social. Es un mecanismo que, bajo el manto de la justicia comunitaria, fortalece la supervisión institucional y limita la autonomía local. Es una forma de alineamiento político que obliga a estructuras vitales para la sociedad civil a responder a un centro de poder que domina la escena bajo la excusa de «paz».
Lo que viene
Si esta tendencia continúa, la justicia de paz podría convertirse en una extensión oficial más, con personal técnico capacitado para ejercer control en lugar de mediar. La consolidación de reglamentos comunitarios impuestos desde arriba fragmentará aún más las libertades individuales bajo una nueva capa normativa que blindará el poder estatal sobre la vida urbana cotidiana.