Director de Polianaco y seis policías imputados por muerte de exconcejal en calabozo
Director de Polianaco y seis policías imputados por muerte de exconcejal en calabozo
La seguridad pública en Anzoátegui enfrenta una crisis severa. Siete funcionarios de la policía municipal de Anaco, incluyendo al director general de Polianaco, fueron imputados por su presunta responsabilidad en la muerte del exconcejal José Manuel Nazareth García Sabino, de 31 años.
El exconcejal fue encontrado sin vida y atado por el cuello en uno de los calabozos del Instituto Autónomo Policía Municipal Anaco el pasado 7 de mayo. La muerte, ocurrida bajo custodia estatal, revela un grave quiebre en la cadena de control y la protección que deben garantizar las instituciones de seguridad.
Por este caso, el Cicpc detuvo al comisario Pedro Pablo Parra Escala y seis policías más: Jesús Simón López Paraguan, Oriberth Gabriel Farías Mata, Gregori José Lira Guzmán, Heiker Jesús Marcano Guzmán, Juan Manuel Peña Luna y Wilmer Leonardo Pérez Pérez. Todos estaban de guardia ese día y fueron imputados por omisión en homicidio calificado con alevosía, retraso u omisión de funciones, agavillamiento y además por introducción ilícita de teléfono agravado.
El Tribunal Tercero de Control de Anzoátegui ratificó las imputaciones y ordenó la privativa de libertad para estos funcionarios. Paralelamente, se investiga el papel de otros posibles responsables dentro de la policía municipal. 34 privados de libertad que compartían el calabozo donde ocurrió el crimen también están bajo investigación, en una trama que mezcla responsabilidad institucional y posiblemente complicidad entre reclusos.
La situación va más allá de un hecho aislado. Se expone una falla grave en la administración de justicia y en el control de los cuerpos de seguridad locales. La falta de responsabilidad y fiscalización directa dentro de Polianaco abre interrogantes sobre el manejo interno y la vulnerabilidad de los detenidos.
Mientras el Ministerio Público y el Cicpc continúan con la investigación, el caso pone en jaque la confianza ciudadana sobre quienes deben proteger el orden público. Si no se asumen con firmeza las consecuencias y reformas internas, este episodio podría ser solo el principio de una crisis más profunda en las instituciones policiales regionales.
¿Qué sigue?
- Investigación para identificar más funcionarios implicados
- Fortalecimiento urgente de controles internos en cuerpos policiales municipales
- Revisión de protocolos de custodia para evitar que la impunidad se reproduzca
Este caso no debe quedar en un nuevo escándalo olvidado. Si el Estado no actúa con contundencia, seguirá comprometiendo la legalidad, la seguridad y la confianza pública en las fuerzas del orden.