Delcy Rodríguez anuncia el fin de la amnistía y rompe el marco legal vigente
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de cerrar un capítulo clave: anunció el fin de la Ley de Amnistía apenas dos meses después de su aprobación.
¿Qué pasó?
Este abrupto anuncio choca directamente con la Constitución y la Ley misma. Varias ONG aseguran que la derogación de la amnistía no es competencia del Ejecutivo, sino exclusivamente del Parlamento o del Tribunal Supremo.
La Ley de Amnistía no fija ningún plazo de caducidad. Por eso, este «fin» decidido unilateralmente es una medida arbitraria e inconstitucional que rompe con la separación de poderes y genera inseguridad jurídica.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La amnistía pretendía liberar a 8.616 personas, entre ellas 473 presos políticos actuales. Sin embargo, la decisión presidencial no solo deja en el limbo a estos beneficiados sino que contradice el proceso de convivencia y justicia prometido.
Además, con esta acción, el Ejecutivo se mete en funciones legislativas y judiciales, debilitando aún más las instituciones y enviando una señal alarmante a tribunales y ciudadanos.
¿Qué viene después?
Lo lógico es que la polémica se traslade a las instancias competentes: el Parlamento y el Tribunal Supremo. Sin embargo, la crisis institucional podría escalar mientras los presos políticos siguen a la espera de un respiro legal real.
Esta jugada confirma que, más allá de la retórica, la Ley de Amnistía fue un gesto político más que un compromiso efectivo con la libertad y el estado de derecho.