Custodia estatal: condena a muerte encubierta en cárceles venezolanas
Custodia estatal se traduce en sentencia de muerte invisible
En Caracas, familiares de presos políticos y grupos civiles tomaron las calles este miércoles para exigir la renuncia inmediata de Julio García Zerpa, ministro del Servicio Penitenciario. El detonante es la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, solo la última de una cadena de al menos 27 fallecimientos en cárceles venezolanas bajo custodia estatal, todas relacionadas con condiciones inhumanas y torturas.
La crisis penitenciaria va más allá del discurso oficial
Estar detenido no asegura ni vida ni dignidad. Es una condena anticipada a muerte. Así lo denuncian los manifestantes, quienes recuerdan que más de 20 personas han muerto en prisiones bajo custodia del Estado. Una realidad que las autoridades pretenden ocultar o minimizar, mientras mantienen intacto el sistema represivo carcelario.
“Exigimos la remoción del ministro y de todos los funcionarios responsables. Que rindan cuentas y se implementen cambios estructurales ya”, afirmó Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La marcha silenciosa desde Plaza Venezuela hasta el Sebin fue un acto de protesta que dejó en evidencia la impunidad y falta de respuestas reales.
Promesas vacías y números maquillados
El gobierno anunció la liberación de 300 presos políticos, pero las familias dicen que hay más de 500 detenidos por motivos políticos. Además, tras la Ley de Amnistía, el régimen ha incrementado cargos para evitar liberaciones, como en el caso de Jhofre Ibrahim Vargas Novoa, hijo de una manifestante presente.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció liberaciones que no se cumplen. La vicepresidenta Delcy Rodríguez prometió cerrar El Helicoide, pero sigue siendo un centro de tortura reconocido en América Latina.
Un ministro cómplice de la tortura y la muerte
Los manifestantes acusan directamente a Julio García Zerpa de ser responsable y cómplice de las muertes y torturas dentro del Sistema Penitenciario y de permitir que la Dgcim actúe con impunidad. Desde octubre de 2024 se han denunciado abusos y nadie ha actuado para frenar estas atrocidades.
Andreína Baduel, activista y testigo, exige que el ministro renuncie si tiene un mínimo de respeto y compasión, pues su gestión está manchada de sangre y violencia institucional.
¿Qué sigue?
Las familias y grupos universitarios advierten que las protestas no cesarán mientras el Estado continúe con su política de represión y silencio. La cuenta regresiva para que se tomen medidas reales comenzó. La pregunta es: ¿hasta cuándo el sistema penitenciario seguirá funcionando como una fábrica de muertes bajo custodia estatal?