El giro económico que Cuba no anunció en voz alta
El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) propuso un paquete de reformas que cambian radicalmente el esquema económico y social en medio de la peor crisis desde los años 90.
¿Qué ocurre?
El PCC aprobó 176 medidas que abren las puertas al sector privado, autorizan la creación y operación de más de una empresa por persona, permiten la importación y venta minorista de combustibles al sector privado, y eliminan controles estatales en la agricultura, suprimiendo topes de precios y promoviendo la inversión extranjera. Además, se desmantela la intermediación estatal en cooperativas y se descentralizan funciones al municipio.
En paralelo, se termina con los subsidios masivos a productos para pasar a un sistema de apoyo directo a personas necesitadas. El salario mínimo sube a 3.210 pesos cubanos, mientras el sistema bancario se liberaliza con apertura de cuentas en divisas sin autorizaciones previas, eliminación de límites para transferencias y regulación de criptomonedas y activos virtuales.
¿Por qué este cambio altera el tablero?
Porque rompe décadas de política de control estatal estricto y subsidios generalizados que mantenían el atraso económico y la dependencia. Estas medidas no son un ajuste táctico, sino una respuesta forzada ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la crisis energética, pero implican un reconocimiento tácito del fracaso del modelo vigente.
El PCC insiste en no abandonar el socialismo, pero abre paso a lógicas de mercado y propiedad privada inéditas en la isla. Esta contradictoria actualización institucional puede acelerar la fragmentación económica, la desigualdad oculta y la entrada de capital extranjero bajo condiciones poco transparentes.
¿Qué viene después?
La implementación rápida de estas reformas obligará a Cuba a enfrentar nuevas tensiones sociales y políticas. Habrá que ver si el Estado mantiene el equilibrio entre control político y apertura económica o si la presión externa acaba imponiendo un cambio más profundo y menos controlado. También aumentará el papel del sector privado en la economía, con retos claros en seguridad jurídica y competencia con empresas estatales.
Lo que no se cuenta es que detrás del discurso oficial hay un sistema en crisis que cambia de piel para sobrevivir, pero con costos que impactarán directamente en la vida de millones de cubanos.