CPI fuerza acusación contra Duterte y rechaza su libertad: ¿fin de impunidad?
CPI reafirma poder sobre caso Duterte y niega libertad inmediata
La Corte Penal Internacional (CPI) decidió sin ambages: mantiene su jurisdicción en el proceso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó por completo la solicitud de su defensa para obtener la libertad inmediata e incondicional.
La medida llega tras la confirmación mayoritaria de los magistrados, que sostienen la investigación iniciada sobre los presuntos crímenes cometidos durante la polémica «guerra contra las drogas» de Filipinas entre 2011 y 2019, periodo en el que el país aún estaba vinculado al tribunal.
¿Por qué esta decisión cambia el escenario?
- A pesar de que Filipinas notificó su salida del Estatuto de Roma en 2018, efectiva en 2019, la CPI sostiene que puede actuar sobre hechos ocurridos mientras el país era miembro.
- El tribunal establece que aceptar que un Estado se escape de responsabilidades retirándose después de iniciadas las investigaciones rompería la esencia del tratado y alentaría la impunidad.
- Sin embargo, aclaran que no ejercerán jurisdicción indefinidamente, buscando un balance entre soberanía y justicia internacional.
Lo que viene: ¿un precedente que afecta la soberanía nacional?
Duterte, arrestado y entregado a la CPI en marzo de 2025 bajo una orden inicialmente secreta, enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por la brutal campaña antidrogas que según la Fiscalía produjo asesinatos sistemáticos.
Su negativa a comparecer personalmente o vía videoconferencia no frenó un proceso que ahora se ve fortalecido por esta sentencia. Esto abre el debate sobre la capacidad real de los países para decidir sobre su participación en tribunales internacionales y las consecuencias legales para sus líderes.
La firmeza de la CPI podría marcar un cambio de fondo en cómo se aplican las normas internacionales, con implicaciones directas en la política, la legalidad y la soberanía de los Estados.